PRUEBA PILOTO EN BASE A UNA EXPERIENCIA ESPAÑOLA

Instrumentan juicios orales en el fuero civil para acelerar procesos

Se prevé su aplicación para casos de accidentes de tránsito, mala praxis médica, daños y perjuicios, divorcios contradictorios y regímenes de tenencia de hijos, entre otros. Los especialistas creen que se pueden reducir los plazos de un juicio a menos de un año. El primer caso en el que se está utilizando es el de un policía atropellado en Plaza de Mayo.

POR SILVINA SAUX

Sufrir un accidente de tránsito o una mala praxis médica es una desgracia. Esperar un promedio de siete años para que la Justicia civil determine qué indemnización le corresponde a la víctima, también. A fines del ano pasado comenzó la experiencia piloto de un sistema de juicios orales capaz de reducir la duración de los procesos a poco más de un año, según los casos. El ensayo se limita a los llamados procesos “de conocimiento", que son los que requieren presentación de pruebas: daños y perjuicios, divorcios contradictorios, regímenes de tenencia o visita de hijos de parejas separadas. Como dicen en Tribunales, “uno puede morir sin pisar un juzgado penal, pero nadie llega a viejo sin pasar por el fuero civil”. Es que allí se reclaman resarcimientos por daño moral o psicológico, se resuelven adopciones, sucesiones, cuotas alimentarias, reclamos por contratos impagos, conflictos entre vecinos, o refacciones mal terminadas, entre otros casos. En una sala especialmente equipada del edificio judicial de Uruguay 714, se está llevando a cabo el primer juicio oral en materia civil: un policía fue embestido por un automóvil que subió a la vereda en la Plaza de Mayo, sufrió lesiones y ahora se discute la indemnización. Por tratarse de una experiencia piloto, la participación es voluntaria, pero la jueza Celia Pérez logró que los involucrados en esa causa aceptaran emplear la nueva modalidad. El 8 de febrero pasado, en una sola audiencia oral, declararon tres te ¿os y se produjo prueba pericial médica, psicológica y mecánica. Con el sistema escrito, esos pasos hubieran insumido cerca de un año. El proyecto su-pone que cada una de esas re-uniones se grabe y se filme, de modo que a su término las partes reciban un CD idéntico al que se elevaría a los jueces de Cámara, quienes, en lugar de demorar meses leyendo una larguísima apelación, sólo tendrían que mirar lo ocurrido en las audiencias en sus computadoras, analizarlo y luego confirmar o revocar lo resuelto en primera instancia. La idea, vaciada en el molde de la exitosa experiencia española en la materia, surgió en el año 2002 en el seno de la Asociación Justicia Democrática, presidida por el camarista civil Gerónimo Sansó. El plan original era aplicar la oralidad sólo en los juicios de familia, pero la Cámara, que rápidamente tomó el proyecto como propio, decidió extenderlo a todos los expedientes que re-quieran prueba.
Después de años de insistir en las bondades de la oralidad civil, finalmente se logró que el Consejo de la Magistratura solventara los gastos para adecuar la sala de la calle Uruguay, que estuvo lista y con la última tecnología a fines de 2007. Sansó, a quien todos reconocen como un ferviente impulsar del proyecto, asegura que “termina con la proletarización de la tarea profesional. Los grandes estudios tienen docenas de abogados mal pagos a los que mandan a recorrer los tribunales presentando papeles y controlando expedientes. Pero para defender a un cliente en un juicio grabado y filmado, hay que tener con qué, hay que estar ahí y aplicar lo que se sabe. Eso no vale dos pesos”. El abogado que cumpla ese papel exigirá que dejen de pagarle como “junior” y si no (se ríe) ... “¡mandará al titular del estudio a que lo haga él!”. También cree que el sistema es bueno para los jueces porque “los obliga a tener el expediente leído y conocido antes de tomar una decisión. Hay que saber de qué se trata para poder estar cara a cara con los abogados y sacar provecho de la audiencia, no va a ir para que graben c6mo usted se equivoca y balbucea”. Hasta ahora, la mayoría de los letrados a los que se les ofreci6 participar voluntariamente de la prueba, no aceptaron. El abogado Gustavo Romano Duffau, uno de los responsables del estudio Romano Duffau-Pardo, estimó que “las resistencias son una reacción frecuente ante el cambio. Lo mismo sucedió con la llegada de la oralidad a la Justicia penal, al margen de que enfrentar un juicio de estas características importa personalizar el ejercicio de la profesión y no delegarlo en terceras personas”. “Yo creo que para los abogados de las compañías de seguros es conveniente porque tienen que inmovilizar la cantidad de dinero que se les reclama en la demanda. Si creen que pueden ganar el juicio o pagar una indemnización menor que la pedida, lo mejor que les puede pasar es ir a un juicio rápido que les permita volver a disponer de los fondos”, calculó Sansó. Todos coinciden en que el más beneficiado es el ciudadano común, que obtiene una respuesta rápida y evita años de pago de honorarios. Para Romano Duffau, “es trillado pero cierto que la justicia lenta no es justicia. Para que exista celeridad ya es hora de que los fueros civil, comercial y laboral sean orales”. Gregorio Dalbón, especialista en accidentes de tránsito y titular de una entidad que nuclea a familiares de víctimas de esos siniestros, también se manifestó a favor del nuevo sistema, aunque planteó algunas dudas. “Si llegamos al juicio muy rápido y representamos a un herido que fue arrollado por un auto, ¿quién nos garantiza que no pase de lesiones leves a graves después de la sentencia? En civil, si pido por ejemplo una indemnización por lesiones graves, ya no puedo cambiar el monto en el caso de que la víctima muera. En ese aspecto, la celeridad no es favorable.” No obstante, opinó que “pese a que tal vez haya ‘lagunas jurídicas’, siempre será mejor un trámite expeditivo”. En materia de objeciones, Romano Duffau se preguntó si existe “una infraestructura adecuada para el debido ejercicio de la oralidad en el ámbito de la Justicia civil”, y destacó que pese a los costos de contar con ella, significaría “el ahorro para el Estado de un gasto que no se ve pero existe y es el que insume el sistema escrito”.
La adecuación de la sala de Uruguay 714 costó 52.000 pesos. “Eso incluye alfombras, muebles, micrófonos, cámara, consola digital de última generaci6n, sillones, un sistema de isonorización de doble vidrio”, informó Sansó. El camarista, sobre la base de la experiencia de España, prevé que en caso de masificarse la práctica de los juicios orales en procesos de conocimiento, se requerirá “un tercio más de jueces y dos tercios menos de empleados”. La cuenta cierra si se tiene en cuenta que ya no será necesario un enjambre de empleados para proyectar y redactar respuestas a notificaciones, traslados y vistas, sino que el grueso de la tarea será desempeñada por un juez y dos o tres auxiliares.
“Eso no implica deshacerse de personal”, explica Sansó, “porque quienes ya no tengan tareas en los juzgados orales, se redistribuirán en los que seguirán siendo escritos”. Los camaristas civiles ya han solicitado una nueva sala en los tribunales de avenida de los Inmigrantes, donde hay más de cincuenta juzgados de primera instancia del fuero, y pedirán al Consejo de la Magistratura la adecuación de otras porque están seguros de que más y más jueces se sumarán a la propuesta.

NOTA PUBLICADA EN EL SUMPLEMENTO “EL OBSERVADOR” DEL DIARIO PERFIL DEL 11 DE MAYO DE 2008