www.cels.org.ar/Site_cels/archivo_noticias/noticia_tipo.shtml
Fecha: 10/10/2007
Temática: Administracion de Justicia
Fuente:
Dos de las juezas desplazadas del
poder judicial en San Luis declararon ante la CIDHLas ex juezas de la provincia de San Luis, Adriana Gallo y
Ana María Careaga presentaron en Washington sus alegatos ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del caso por la remoción
irregular de sus puestos, ocurrida en 1998. Gallo y Careaga comentaron las
dificultades que tuvieron que atravesar tanto en su vida profesional como
personal a raíz del proceso de destitución impulsado por el ejecutivo
provincial.
En la audiencia de esta mañana estuvieron presentes
el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, los comisionados Paolo Carozza y
Freddy Gutiérrez, los abogados patrocinantes del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), Gastón Chillier y Diego Morales y representantes del Estado
argentino. La tercera jueza involucrada en el caso, Silvia Christin de Maluf
-quien fue desplazada de su cargo en 2002- no pudo viajar por motivos
personales.
Como resultado de la presentación, el Estado nacional
reconoció su responsabilidad en el caso y ofreció acordar una “solución
amistosa” con las ex juezas. Sin embargo, las bases de un posible acuerdo recién
se conocerán en la próxima reunión, que se realizará en noviembre en la
Argentina y contará con la presencia de Meléndez. Allí, las ex juezas pedirán
una respuesta concreta del Estado, que necesariamente deberá incorporar el
compromiso de la provincia de San Luis.
A principios de agosto, la CIDH
resolvió admitir la petición realizada por el CELS por los casos de las tres ex
magistradas, quienes fueron desplazadas de sus cargos tras enfrentarse con el
Poder Ejecutivo provincial. La presentación había sido realizada en el año 2003
por el CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el
estudio jurídico Wortman Jofré – Isola. Gallo, Careaga y Christin de Maluf
fueron removidas de sus cargos luego de negarse a rechazar casos de corrupción
que involucraban al poder político local y pronunciarse en contra del
avasallamiento sufrido por la justicia en la provincia. Las destituciones se
produjeron mediante juicios políticos en los que se cometieron graves
violaciones contra garantías elementales, como el derecho a contar con un juez
neutral y un tribunal imparcial.
Informacion Relacionada
Audio de la audiencia