MEDEL
MAGISTRATS E UROPEENS POUR LA DEMOCRATIE ET LES L IBERTES
Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de MEDEL en su reunión de Bruselas los dias 20-21 de Enero de 2005, en relación a la situación del Poder Judicial en Ecuador tras la crisis institucional por el cese de 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por resolución del Congreso Nacional de 8 de Diciembre de 2004, emito el siguiente
I N F O R M E descargar
A la vista del marco normativo vigente en Ecuador y de la información recibida en las entrevistas mantenidas entre el 4 y el 11 de Abril de 2005, con las personas e instituciones que se relacionan en el anexo, pueden formularse las siguientes :
I.- Aseveraciones:
Primera
La ruptura del orden democrático del Estado de Ecuador, al adoptar el Poder Legislativo -de común y previo acuerdo con el Gobierno y con el respaldo de las FF.AA y la Policía- resoluciones que, de un lado, abocan para dicho Poder facultades que la Constitución Democrática de 1998 residencia en el Poder Judicial, y de otro, impìdiendo, por vías inconstitucionales, el funcionamiento del Tribunal Constitucional legitimamente constituido.
Segunda .-
Los razones en que se apoya la anterior aseveración son:
• Destitución de la totalidad de los miembros del Tribunal Constitucional por resolución del Congreso Nacional de 25 de Noviembre de 2004, sin seguir los trámites procesales -juicio politico- previstos como ineludibles en la Constitución (art. 130.9.), que, luego, burdamente, se pretendieron subsanar, mediante la realización del "juicio politico" en el Congreso, donde fueron absueltos, y pese a ello se convocó por el Presidente, sin tener facultades para ello, una sesión extraordinaria donde finalmente fueron destituidos.
• Destitución por el Congreso Nacional de la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral sin el preceptivo "juicio politico" (art. 130.9) y nombramiento de nuevos miembros por la mayoría del Congreso que apoya al Gobierno
• Destitución de 27 miembros de la Corte Suprema de Justicia, y nombramiento de los integrantes de la nueva Corte, mediante resolución de 8 de Diciembre de 2004, arrogándose el Congreso Nacional facultades que el art. 202 de la Constitución otorga al Pleno de la propia Corte Suprema., y valiéndose de la probación de una "fe de erratas" de la Constitución de 1998 para mal vestir, formalmente, la Resolución con la Disposición Transitoria Vigésimo Quinta de la Constitución, prevista para otros funcionarios del Estado.
Tercera.-
Que estas resoluciones del Congreso obedecen a un plan previo diseñado para conseguir los siguientes objetivos:
• El mantenimiento en el Poder del Presidente de la República, Lucio Gutierrez, que conforme al art. 130.9 puede ser sometido a "Juicio politico" de destitución por el Congreso Nacional.
• El regreso al país, para poder participar en el próximo proceso electoral (2006) del ex-Presidente Abdalá Bucaram, lider del PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano, integrante de la mayoría que apoya al Gobierno) declarado prófugo por los tribunales de Justicia por la comisión del delito de peculado. De ahí la necesidad de controlar con otros miembros afines la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente de facto, Guillermo Castro -amigo personal y correligionario de Bucaram- , ya ha decretado la nulidad de los procedimientos seguidos contra el mismo, arrogándose atribuciones que no le corresponden, y con flagrante infracción de normas procedimentales, al no poderse declarar tal nulidad estando todavía en situación de prófugo. Pese a ello ni la Policía ni las FF.AA han procedido a su detención al regresar al país.
• El control por el PRIAN del Tribunal Supremo Electoral, a través del nombramiento de los nuevos integrantes. El líder del PRIAN Alvaro Noboa fue derrotado en las elecciones de 2002, y alegó públicamente fraude electoral frente al actual Presidente de la República, Lucio Gutierrez. Líder del partido "Sociedad Patriótica" (SP)
• El nombramiento como Fiscal General del Estado de una persona afin al Presidente de la República Lucio Gutierrez, para salvaguardar su salida de la Presidencia, en 2006, al no poder ser reeelegible. Para ello, era necesario que la destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, órgano de gobierno de los jueces, y nombramiento de otros afines a la mayoría progobiernista, para que presentara la oportuna terna al Congreso Nacional para ser nombrado un nuevo Fiscal General del Estado, ante la finalización del plazo de la anterior Fiscal. La terna fue presentada y está pendiente de ser designado.
• Desmantelar el poder politico del partido de la oposición PSC (Partido Social Cristiano de Febres Cordero) que según la mayoría que apoya al Gobierno (PRIAN, PRE, SP, MPD, socialistas e independientes) controlaba dichos Tribunales, Corte y Fiscalía. Este control ha sido reconocido asimismo por varios interlocutores, afirmando que un sector de la Corte Suprema era pluralista, pero que otro sector se dejaba influir por el PSC, por miedo o por convicción.
Cuarta.-
Que este plan ha sido diseñado por el Presidente Lucio Gutierrez y su partido ("Sociedad Patriótica") a través de su hermano Gilmar Gutierrez, junto con los dos principales partidos afines PRE y PRIAN, con la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía. Uno de las personas entrevistadas y afectadas finalmente por dicho plan, afirmó que previamente al día 25 de Noviembre de 2004 había sido advertido por miembros de las FF.AA de que se estaba diseñando este plan.
Asimismo se señaló por algunos de los interlocutores que las circunstancias que favorecían el diseño y ejecución de ese plan eran:
• Aprovechamiento de la fragmentación politica del país que podía dar lugar a lo que habitualmente se viene denominando como "mayorias itinerantes" o "mayorias ocasionales". Afirmándose por algunos que esta fragamentación también se daba en el ámbito militar y policial.
• La facilidad de compra de voto de alguno de los diputados mediante dinero o cargos . Se informó que hay una grabación de la entrega de dinero a un diputado.
• Fragmentación del movimiento indígena que inicialmente facilitó la elección de Lucio Gutierrez como Presidente de la República
• Un Presidente de la Republica, formado en la milicia y sin una ideología definida.
• La existencia de expertos dentro de las FF.AA con conocimientos y datos socio-politicos que han venido acumulando en los ultimos años.
• Los intereses partidistas que se deducen de los objetivos a conseguir por cada uno de los partidos.
• Todos los informantes, salvo algunas voces dentro de la FENAJE, valoraron negativamente la actuación de este sindicato de funcionarios, afirmando que ha venido funcionando como un partido político participando en el reparto de cuotas de cargos en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Nacional de la Judicatura, justificándose esta participación por algun dirigente de FENAJE en el hecho de no haberse promulgado la correspondiente ley desarrollando el principìo de cooptación previsto en el Constitución.. Alguno de los interlocutores valoró positivamente el discurso cultural mantenido por un sector de la asociación "Jueces para la Democracia, Capituclo Ecuador" dentro de la FENAJE, de defensa de la independencia judicial, alejándose de la linea del "reparto de cuotas", y reclamando la vuelta a la legalidad constitucional y el principio de cooptación, para no volver a caer en el mismo defecto de la "partidización de la Corte Suprema". Así como se valoró la actividad desplegada por "Jueces para la Democracia" de Ecuador y la FJDL (Federación de Jueces para la Democracia de Lationamérica) a través de sus respestivos Presidentes Dres. Carlos Poveda y Gerónimo Sanso(Argentina) para la llegada al pais del Relator Especial de la ONU Sr. Despouy, y la colaboración prestada al mismo durante su estancia en Ecuador.
• Por otro lado, asimismo algunos de los entrevistados manifestaron que otro factor que ha concurrido ha sido que la función garantista de los jueces, Tribunales y Cortes no ha calado lo suficiente entre los jueces y magistrados, ya que en el plano formativo de los mismos el dinero destinado a este fin -tanto por la inversión interna como por la ayuda internacional- no ha sido adecuadamente utilizado, al no potenciarse un auténtica Escuela Judicial, destinándose especialmente a la subvención de entidades "cocinadoras" de normas organizativas de la función judicial y de los procedimientos, que, según los informantes, no consultaban ni al mundo universitario ni al judicial, ni al de la abogacía. La falta de una Ley Orgánica de la Función Judicial que desarrolle adecuadamente los principios recogidos en la Constitución, fijando el estatuto del juez que garantice su independencia externa e interna que le permita ser imparcial, así como la delimitación de las competencias entre la Corte Suprema (funciones esclusivamente jurisdiccionales)y el Consejo Nacional de la Judicatura (funciones de gobierno, administración y disciplina de todos los integraantes del Poder Judicial -jueces, tribunales y Cortes), fueron señaladas por algunos entrevistados como factores que contribuyen a que los partidos pretendan "manejar" a la Corte Suprema.
• Por algunos de los informantes se valoró que el monopolio del ejericio de la acción pública por el Ministerio Fiscal, permite caer en la tentación de controlarlo, como mecanismo de impunidad de los afines o de persecución indebida de los adversarios.
• Asimismo se valoró por muchos de los informantes que la actual crisis venía ya de antes, porque dentro del Poder Judicial había serios problemas de corrupción y graves obstáculos al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia especialmente por los costos del proceso, o la persistencia, pese al principio de unidad jurisdiccional, de los fueros policial y militar, que se traducen en demasiadas ocasiones en impunidad en atentados a los DDHH.
• La falta de titular en la Defensoría del Pueblo, ya que el Congreso Nacional no lo nombra desde hace cinco años, y el hecho de que los Comisionados provinciales no hayan sido convocados en ninguna ocasión por la Defensoria, según algunos informantes, han contribuido también al desenlace de la actual crisis.
Quinta.-
Que hay libertad de expresión en la mayor parte de los medios escritos del país, hasta el punto que son frecuentes las calificaciones de "golpe de Estado","Estado autoriatario", "dictadura disfrazada", "dictador, etc.. Entre las calificaciondes dadas por algunos de los entrevistados están las de "Estado de anomia", "Estado sin normas" "anarquía institucional con componente de dictadura civico-militar" o "ausencia de Estado de Derecho ¿con dictadura?", "Estado encaminado a la dictadura".
Sexta.-
Que hay abierta una clara línea de respuesta de amedrentamiento y coacción ante las criticas, protestas o manifestaciones de rechazo de las destituciones de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Electoral.
Líderes politicos y sindicales están siendo objetos de amenazas y llamadas telefónicas intimidatorias, que finalizan en algunos casos con verdaderos atentados a la integridad física.
Hasta tal punto que ya hay 44 casos de "violencia politica", según relación entregada por "Participación ciudadana", sin que haya habido la adecuada respuesta policial, valorándose desde estas instancias gubernamentales que se trata de simples actos de delincuencia común. La prensa ha citado los nombres de cargos públicos y de militares en retiro, como las personas que capìtanean los grupos violentos armados de objetos punzantes.
En varias ocasiones los entrevistados hicieron referencia al caso de Luis Muñoz, presidente de FENAJE (Federación Nacional de Judiciales de Ecuador), que fue agredido por un persona pertenenciente al grupo parapolicial o paramilitar autodenominado, sarcásticamente , "Cero Corrupción". El portador del arma punzante que le produjo las lesiones, logró ser detenido y el juez de turno ordenó su ingreso en prisión, pero el Presidente de la Corte Suprema de facto, Guillermo Castro, sin competencia legal alguna para poder intervenir, le puso inmediatamente en libertad, alegando como argumento, que como los jueces estaban en paro, el que había decretado su prisión, carecía de facultades para hacerlo.
Y ante la pregunta de por qué no se apreciaba en los medios de comunicación una presencia activa de las ONGs de Derechos Humanos frente a estos casos de "violencia política", se informó en "Participación Ciudadana" que aquéllas se han quedado quietas por el amedrentamiento y asedio a que han sido cometidas por "Cero Corrupción" siguiendo la estrategia de la paja que se deja doblar ante el vendaval, pero que se iba a presentar denuncia colectiva por esos 44 casos, y que era ALDHU, quien encabezaba dicha denuncia, pues, en la mauyor parte de los casos, no se había presentado denuncia por las personas o entidades afectadas.
Algunos de los informantes valoraron esta impunidad como signo inequívoco de riesgo de dictadura hacia la que caminaba el pais.
Séptima .-
Una de las palabras que se utilizaba por muchos de los entrevistados era la de SILENCIO:
Silencio internacional , por la escasa atención/seguimiento que hacia la situación del Ecuador se ha prestado en los medios de comunicación internacionales, en los últimos cuatro meses desde el 8 de Diciembre hasta primeros de abril, pues apenas tuvo eco el informe que presentó el Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados Sr. Leandro Despouy, en el 61ª periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el día 4 de Abril de 2005, en la ciudad de Ginebra (Suiza). Alguno de los entevistados valoró que este silencio internacional puede ser debido a que el Presidente Lucio Gutierrez, pese a que inicialmente pareció apoyarse en el centro y centro izquierda politico y los movimientos indígenas, las resoluciones de ruptura del equilibrio constitucional fueron adoptadas apoyándose en fuerzas politicas claramente de derecha (PRIAN del bananero Alvaro Noboa, según la calificación con que es conocido) y de marcado carácter populista de derecha (PRE, de Abdalá Bucaram), consiguiendo mantener el apoyo inicial de partidos de izquierda como el MPD y los socialistas así como de los independientes.
Silencio de la embajada USA en el país , que obedece, según varios entrevistados, a que mientras se asegure la estabilidad, aunque sea con gases lacrimógenos, no denunciarán la situación, si ello les permite conseguir sus objetivos: la firma del Tratado de Libre Comercio y la instalación de la base militar de Manta dentro del Plan Colombia. Este silencio fue roto tras la presión internacional derivada de la intervención del Relator Especial Sr. Despouy el 4 de Abril y la presencia en el pais de varias misiones internacionales para analizar la institucionalidad del Ecuador, que fueron valoradas muy positivamente por los entrevistados que se pronunciaron sobre este extremo.En el diario El Comercio de 7-4-05 se publicaron entre otras las siguientes declaraciones de la Embajadora Cristie Kenney:
"Estados Unidos está preocupado por la actual crisis dentro del sector judicial y por la continua falta de consenso para encontrar la manera de asegurar la independencia de la justicia"
"El debate y hasta las protestas pacíficas son parte de una democracia saludable. Estamos preocupados, sin embargo, por lo que parece ser una creciente polarización que ha creado una atmósfera en la cual es muy difícil iniciar el diálogo necesario para resolver la actual crisis", agregó Kenney señaló que la piedra angular de la democracia es un sistema judicial independiente e imparcial.
"El régimen de derecho asegura a los ciudadanos que las decisiones que gobiernan la vida de los pueblos están fundamentadas en la Constitución y en las premisas legales, no en poderes políticos cambiantes o en las presiones de mayorías transitorias", dijo.
Silencio oficial de los órganos de control del Estado como la Contraloría General del Estado, la Procuraduria General del Estado y del Ministerio Público o el Defensor del Pueblo. Unicamente los ex-magistrados del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema destituidos han presentado su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo sí ha habido una voz cualificada, la del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha , sancionando a los magistrados integrantes de la Corte Suprema de facto, por haber aceptado tal nombramiento a sabiendas de su ilegitimidad. Esta intervención ha sido valorada positivamente desde el punto de vista moral, en cuanto tal gesto se añade a las otras voces e instancias que estaban reclamando el cese de dicha Corte. Sin embargo, por alguno de los informantes se estima que de una interpretación sistemática de la normativa legal aplicable y teniendo en cuenta el principio de independencia judicial y jerarquia normativa que garantiza la Constitución, no puede aceptarse que un Tribunal de Honor de la Abogacía pueda sancionar a un magistrado, aunque sea únicamente desde el punto de vista ético, porque ello atenta directamente a la independencia externa de los jueces, dado que es el Consejo Nacional de la Judicatura quien, con carácter exclusivo y excluyente, tiene atribuidas facultades disciplinarias sobre jueces y magistrados (art. 206 CEc.).
Algunos de los entrevistados valoraron muy positivamente las declaraciones públicas realizadas desde el interior del Poder Judicial por Carlos Poveda, Presidente de la asociación "Jueces para la Democracia, Capítulo de Ecuador " reivindicando diáfanamente la independencia judicial y la vuelta a la senda constitucional, instando al Gobierno a invitar al Relator Especial Sr. Despouy (Manifiesto 003 AJpDE 05)
Asmismo señalar la declaración pública desde el rectorado de la Universidad del Azuay en el mes de Diciembre de 2004, expresando su profunda preocupación " por la cadena de hechos que afectan gravemente a la institucionalidad y la vida juridica del Ecuador... ", y estimando que " los sucesos recientes, muestran una peligrosa tendencia a la concentración totalitaria de los tres poderes del Estado en uno solo... " , y haciendo una llamamiento " al Congreso Nacional y al Gobierno a obrar con ponderación y no propiciar tensiones que amenzan una democracia simpre frágil como es la nuestra ".
También en el plano interncional han llegado informaciones de que tanto la FJDL (Federación de Jueces para la Democracia de Latinoamérica) como MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), y la asociación "Magistratura Democrática" de Italia realizaron manifiestos expresando su solidaridad a los miembros de la Corte Suprema y a todos los jueces de Ecuador por el ataque a su independencia, afirmando "... que el rasgo esencial del Estado Constitucional de Derecho es la primacía de la Constitución sobre la politica, es decir la primacía de los derechos fundamentales sobre las opciones mayoritarias... " y que ".. los jueces no están sujetos a ningún otro poder, si squiera a la mayoria parlamentaria, sino solamente a la ley constitucionalmente válida ...", así como que "... que cada violación de la ley y la Constitución en materia de ordenamiento judicial es un ataque a la independencia de los jueces, que no es un privilegio de los magistrados sino una garantía funcional a la tutela y a la realización de los derechos de los ciudadanos.. ." comprometiéndose "... a solicitar intervenciones del asociacionismo internacional, de los organismos europeos y de las Naciones Unidas para vigilar sobre el respeto de la Ley y de la Constitución por parte del Gobierno y la mayoría política en Ecuador .. ." a cuyo manifiesto se adhirió la asociación "Jueces para la Democracia" de España. Siendo de destacar el eco que la situación de la crisis institucional del Ecuador tuvo en el IV Foro Mundial de Jueces celebrado en Porto Alegre del 23 al 25 de Enero de 2005, tras el informe del Presidente de la asociación ecuatoriana "Jueces parala Democracia", y del que surgió el compromiso de hacer llegar al Relator Especial Sr. Despouy , a través del Presidente de la Federación de Jueces para la Democracia de Latinoamérica (FJDL), la necesidad de girar visita al pais para analizar el grave deterioro de la independencia de los jueces de Ecuador. Por otro lado, los jueces y magistrados de Italia, Portugal y España asistentes al encuentro convocado por el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL y MEDEL para analizar el tema "Un cuarto de siglo del Poder Judicial en España: la experiencias italiana y portuguesa" los días 16 y 17 de Diciembre de 2004, celebrado en el salón de actos de la Escuela Judicial (Formación continuada) con sede en Madrid, donde se hizo público un manifiesto en el que se afirmaba que " 1º.-....sin un Poder Judicial independiente no puede hablarse de verdadero Estado de Derecho,porque ni hay separación de poderes, ni garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos de un pais. 2º.-Que la decisión del Congreso del Ecuador, adoptado por mayoría simple, acordando la destitución del Presidente y los demás magistrados de la Corte Suprema, y el nombramiento de los nuevos integrantes de dicho tribunal, supone una grave infracción de las normas y procedimientos internacionalmente reconocidos.- 3º.-Que tal destitución pone en grave riesgo el equilibrio constitucional del país. 4º.- Que esperan la oportuna y urgente salida constitucional a la grave situación creada... "
Octava .-
Pero los términos que más se han oido durante las entevistas son los de INSEGURIDAD JURIDICA, citándose por los interlocutores como fundamento de la misma, entre otros, los siguientes hechos :
-la falta de respuesta policial ante las actuaciones de grupos como "Cero corrupción", pasividad del Ministerio Fiscal en la persecución de tales actos promoviendo la acción de la justicia, y actuación prevaricadora -según la calificación pública que se ha hecho- del Presidente de la Corte Suprema de facto Guillermo Castro al poner en libertad al detenido por la agresión al presidente de FENAJE, tal como se ha reseñado.
-La anulación de los procesos seguidos contra el ex-Presidente Abdalá Bucaram, por el delito de peculado, sin el debido respeto a las normas competenciales y de procedimiento, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, nombrado ilegítima e inconstitucionalmente. En la prensa diaria se afirma y así lo confirmaron los entevistados que fueron preguntados al respecto, que los medios de comunicación transmitieron, en su día, la filmación de los sacos con dinero que motivaron la incoación de tales procedimientos.
-Que la Corte Suprema de Justicia de facto asume facultades de gobierno propias del Consejo Nacional de la Judicatura, contra lo preceptuado en la Constitución de 1998 (art. 206) aprovechando que en el art. 1º de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura, si bien afirma que el Consejo es el órgano administrativo y disciplinario de la Función Judicial, omite lo que también se recoge en el art. 206 de la CEc. que el Consejo es el "órgano de Gobierno" de los jueces. Se desvirtua así uno de los mecanismo constitucionales de salvaguardar la independencia judicial que garantiza el art. 199 de la CEc.
-La destitución de los vocales del Consejo Nacional de a Judicatura para poder "manejar" -a través de los nuevos designados- la terna para el nombramiento del Fiscal General del Estado.
-La resolución de la Corte Suprema de Justicia de facto, dejando sin efecto todas las convocatorias de concurso anunciadas por el Consejo Nacional de la Judicatura, a excepción de la relativa a la provisión de Fiscal General del Estado.
-La prohibición de entrada a los magistrados en la sede de la Corte Suprema dada por su Presidente Guillermo Castro, mientras la misión permanecía en el Ecuador, ante el temor, según nos valoraron, de que aquéllos se pudieran reunir para pedir su dimisión.
-Expedientar y destituir a dos Vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (Sres. Maya y Robayo) atribuyéndoles la participación en el paro judicial, precedida tal medida respecto al Sr. Maya de una intimidación telefónica instándole a acudir a la Corte Suprema para darse un abrazo delante de la prensa con el Presidente de la Corte Suprema Guillermo Castro., según manifestó dicho Vocal.
Novena .-
Al ser preguntados algunas de las personas entrevistadas sobre si esta inseguridad juridica estaba afectando al mundo de los negocios, se manifestó por algunos que no era muy acentuada su influencia en el tráfico mercantil por dos razones:
-que las grandes empresas, incluso los grandes contratos suscritos por el Estado con empresas multinacionales, se firman acordando que para cualquier cuestion de conflicto en su cumplimiento se someten las partes, no a la jurisdicción ecuatoriana, sino a la de los Tribunales de Nueva York.
-que para los negocios medios, en los contratos se recogía sistemáticamente la cláusula de sometimiento al arbitraje privado.
Décima .-
Que el paro judicial adoptado por FENAJE va contra lo dispuesto en la CEc.(art.35.10 ) y está aumentado la ya importante limitación del derecho de acceso a la justicia. Esta situación se justificó por algunos de los informantes por la necesidad de asegurar el empleo, al haberse manifestado por la Corte Suprema de facto, que se iban a "reorganizar" todas las Cortes, Tribunales y juzgados, pese a que habían accedido a la función judicial por la via del concurso establecido constitucionalmente , así como medida obligada para reclamar la vuelta a la Constitución superando la inseguridad jurídica reinante. También para evitar la "regionalización" de la justicia que facilitaría la partidización de los nombramientos de jueces, dada las caracteristicas de partidos esencialmente regionales que existen en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Undécima .-
Al ser preguntados los entrevistados por la posible salida a la crisis institucional creada a partir del 25 de Noviembre y que culminó el día 8 de Diciembre con la destitución de la Corte Suprema de Justicia, todos afirmaron la necesidad de que se acordase el cese de la Corte Suprema de facto. Donde empezaban las diferencias era en los pasos siguientes para volver a la normalidad democrática. Unos propugnaban la solución estrictamente juridica, de
reponer a los ex-magistrados de la Corte Suprema pidiéndoles que renunciasen a continuación, y por los no renunciantes se procediese al nombramiento para las vacantes resultantes, siguiendo el principio de coooptación constitucionalmente establecido. Otros, por el contario, valoraron que esta solución juridica era inviable políticamente porque los partidos que tenían que adoptar el acuerdo de anular su propia resolución del 8 de Diciembre no aceptarían perder la cuota correspondiente, ante el temor de que, de nuevo, el control de la Corte volviese a manos del PSC. Este sector de informantes pensaban que tampoco la solución estrictamente política era la adecuada, porque produciría una situación de "más de lo mismo" por el consiguiente "reparto de cuotas" entre los que lograsen formar una nueva "mayoría ocasional" con riesgo de reproducir el problema al poco tiempo con otra mayoría amañada o comprada.
Duodécima .-
Prácticamente la totalidad de los informantes llegaron a la conclusión de que la situación eran tal que se corría un grave riesgo de fractura social de imprevisibles consecuencias. El diálogo/consenso politico era inviable y unicamente quedaba la salida de la contestación social, valorándose que la respuesta gubernamental/policial estaba siendo mucho más agresiva a medida que avanzaban los días.
Por algunos de los informantes se valoró que tal vez esta escalada en la repuesta gubernamental frente al ejercicio del derecho de manifestación, entraba dentro de los cálculos del plan inicialmente diseñado, para ir ganando tiempo hasta conseguir los objetivos marcados, y hacerlos irreversibles por la via de los "hechos consumados" o para conseguir el acuerdo sobre sometimiento de la solución a una "consulta popular" para validar constitucionalmente la solución politica consensuada, con la amenaza implícita de caer defitivamente en una dictadura.
Décimotercera .-
Que tras la salida del pais del informante, se ha producido un hecho de singular importancia: la promulgación del Decreto Ejecutivo del Presidente de la República -que hizo público en un medio de comunicación acompañado de la cúpula militar aunque con la ausencia, señalada por los medios de comunicación, del General Luis Aguas, comandante del Ejército- por el que se decreta el Estado de Emergencia en la ciudad de Quito, y se acuerda la destitución de la Corte Suprema de facto, pese a no tener facultades ni constitucionales ni legales para este último acuerdo, ni tan siquiera en estado de emergencia nacional. No es de extrañar que alguno de los titulares de la prensa hablen de "Golpe de Estado a medias", y que por el constitucionalista y ex-presidente de la Corte Suprema se afirme: "Lucio se ha quitado la máscara y se ha mostrado en toda la dimensión de un dictador" . El propio Presidente se autocalificó hace varias semanas de "Dictócrata". Otras voces siguen reclamando que esta destitución debe realizarse por el Congreso Nacional, dejando sin efecto tanto su resolución del día 8 de Diciembre como el acuerdo del Presidente de la Republica respecto a la Corte Suprema de facto al decretar el estado emergencia , porque ni uno ni otro tienen facultades para ello.
Al cierre de este informe leo en la prensa ecuatoriana, via Internet, que el Estado de emergencia ha sido levantado en la Ciudad de Quito, que se mantiene la destitución de la Corte Suprema y que el Congreso Nacional se reune en la tarde del Domingo, hora ecuatoriana, para buscar una solución a la grave situación del país.
II.-Propuestas:
Primera .-
Que sean repuestos en sus cargos los miembros del Tribunal Constitucional destituidos en 25 de Noviembre, como mecanismo de restablecimiento del órgano esencial de control constitucional de la actuación de los poderes del Estado, sin perjuicio de poder ser sometidos posteriormente al juicio politico si hubiere causales que lo justifiquen. Y en igual sentido respecto al Tribunal Supremo Electoral.
Segunda .-
Que la destitución de la Corte Suprema de facto sea realizada por resolución del Congreso Nacional anulando la de 8 de Diciembre de 2004. Y se aplique a continuación el principio de cooptación para los nombramientos de las vacantes producidas o que se produzcan, sin perjuicio de las facultades del Consejo Nacional de la Judicatura sobre el cese de aquellos que hayan podido incurrir en alguna de las causales previstas legal o constitucionalmente.
Tercera .- Que se reponga a los Vocales del Consejo Nacional de la Judicatura destituidos.
Cuarta .- Que se proceda al nombramiento del Fiscal General del Estado en la forma legal y constitucionalmente estatuida y una vez restablecido el Consejo Nacional de la Judicatura.
Quinta .- Que se proceda al nombramiento del Defensor del Pueblo, al carecer de titular la Defensoría desde hace cino años.
Sexta .- Instar al Gobierno del Ecuador para que adopte las medidas oportunas para el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados como de "violencia politica", la detención de los autores y su inmediata puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, así como a la urgente desarticulación de los grupos causantes de los mismos como el autodenominado "Cero Corrupción", con el fin de atajar el criterio de impunidad que va calando en el país, y que tan graves consecuencias ha producido históricamente en otros países.
Séptima.- Hacer llegar este informe, desde la sede MEDEL, al Relator Especial Sr. Despouy encareciéndole que persista en su exigencia de que el Poder Judicial ecuatoriano "se ciña a los principios internacionales en materia de Indpendencia judicial y de una correcta administración de justicia", tal como señaló en Ginebra el dia 4-4-05, en su intervención en el 61º Periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Octava. -
Que por el Presidente de MEDEL ("Magistrats europeens pour la Democratie et les Libertes")y los dirigentes de la asociaciones europeas de jueces y fiscales integradas en la misma, se interese de las autoridades politicas y judiciales de la Unión Europea que hagan llegar a sus homónimas de Ecuador los comunicados oportunos ofertando su colaboración para contibuir a la recuperación del equilibrio constitucional necesario para la vida democrática del pais. Y en igual sentido, por el Sr. Presidente de la FJDL ("Federación de Jueces para la Democracia de Latinoamérica") y los dirigentes de las asociaciones judiciales que la integran, respecto a su ámbito regional.
Novena .-
Aprovechamiento de la actual crisis para abrir un debate cultural encaminado a no solo la despolitización/despartidización de la Corte Suprema de Justicia, sino a una auténtica independencia Judicial, de tal suerte que la Corte Suprema de Justicia únicamente tenga facultades para dictar resoluciones estrictamente jurisdiccionales, y residenciar en el Consejo Nacional de la Judicatura la totalidad de las facultades de gobierno, administración y disciplina de los Jueces y por tanto de nombramiento y cese de jueces y magistrados de todos los juzgados, Tribunales y Cortes.
Hacer efectivo el principio de Unidad Jurisdiccional proclamado en el art. 191 de la Constitución, atribuyendo a organos jurisdiccionales las facultades de enjuiciamiento que todavía están residenciados en órganos administrativos, y de otro lado, desarrollando legislativamente lo establecido en dicho precepto constitucional respecto a la administración de justicia en los pueblos indígenas para la resolución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario
Superación del monopolio del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública penal, reconociendo la posibilidad de su ejercicio por la victima o perjudicado por delito público y no solamente por delitos privados. Y asimismo abrir un serio debate sobre la conveniencia de introducir la "acción popular" individual o colectiva para atajar la pasividad interesada o no del Ministerio Fiscal.
Décima .-
Instar al asociacionismo judicial ecuatoriano y especialmente en el seno de la asociación "Jueces para la Democracia, Capitulo Ecuador" , al mundo académico del pais y a los Colegios de Abogados, para que a la mayor urgencia abran un debate interno, que concluya con la redacción de las oportunas propuestas a los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, para la reforma legislativa en los ámbitos, orgánico y procesal, que puedan redundar en un más eficiente y eficaz cumplimiento por los jueces y magistrados de su función de garantes de los derechos de los ciudadanos.
Undécima .-
Instar a las autoridades educativas del país a la inclusión en los planes de estudio de la Enseñanza Secundaria de actividades docentes encaminadas al conocimiento de los propios derechos y del funcionamiento del sistema judicial en la perspectiva de potenciar la credibilidad de los ciudadanos en sus jueces y magistrados.
Barcelona (España) a 17 de Abril de 2005.
Antonio Doñate Martin
MEDEL
Anexo:
Entrevistas:
Mi agradecimiento a las personas que se reseñan a continuación y que amablemente se brindaron a colaborar en la búsqueda de información y valoraciones sobre la situación institucional del país:
Jaime Ventimilla S. Director Ejecutivo de CIDES (Centro sobre Derecho y Sociedad)
Alberto Moscoso Presidente de la Corte Superior de Quito
Jose Robayo Campaña Vocal del Consejo Nacional de la Judicatura
Germánico Maya Rivadeneira Vocal dela Consejo Nacional de la Judicatura.
Carlos Poveda Moreno Juez Penal de Cotopaxi y presidente de "Jueces para la Democracia"
Luis Muñoz Presidente del Sindicato FENAJE (Federación Nacional de Judiciales de Ecuador)
Santiago Andrade Ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Dres. Alban y Troya Ex-magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Freddy Ehlers Parlamentario (Parlamento Andino)
Gustavo Jalk Parlamento Andino.
César Montufar Director Ejecutivo de "Participación Ciudadana"
Alejandro Ponce Martínez Abogado ("Ciudadanos por la Democracia")
Edgar Teran Abogado (Presidente de "Hacia la seguridad-Imperio de la ley")
Pablo Ortiz Abogado (Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha)
Rubén Chaves del Pozo Defensor Adjunto 1º
R ene Mauje Mosquera Secretario del Defensor del Pueblo
Camilo Restrepo Director Nacional de los DDHH de los migrantes (Defensor del Pueblo)
Maria Paula Romo Coalición Nacional por la Justicia
Oswaldo Cevallos Bueno Abogado. Ex-magistrado del Tribunal Constitucional
Simón Zabala Guzmán Ex-magistrado del Tribunal Constitucional.
Pilar Sacot Subdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Quito.
Raul Ilaquiche Licta Abogado. Vicepresidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa ECUARUNARI
Rodrigo Bucheli Mera Abogado
Juan Mª Alzina de Aguilar Embajador de España en Ecuador.
Adrian Bonilla Director de FLACSO Ecuador.
Gina Chávez Antropóloga (FLACSO)
Paul Carrasco Prefecto de la Provincia de Azuay
Mario Jaramillo Rector de la Universidad del Azuay (privada) Cuenca.
F rancisco Salgado Vicerector de la Universidad del Azuay de Cuenca.
Janet Molina y Holga Dután Comisión de DDHH del Azuay.
Irene Pesántez Coordinadores Política de Mujeres del Azuay
Jesús Urgilés Defensoría del Pueblo del Azuay
Catalina Ordóñez Presidenta del Colegio de periodistas del Azuay
José Astudillo Representante de "Pastoral Social de la Iglesia Católica" de Cuenca.
Jaime Astudillo Romero Rector de la Universidad (estatal) de Cuenca.
Hernán Peña Presidente de la Corte Superior de Cuenca
Luis Alberto Guerrero Juez (FENAJE - Cuenca.)
Felipe Serrano Delegado de los Jueces del Distrito de Cuenca.
Milton Mozo Castro Delegado Distrital del Consejo Nacional de la Judicatura en Azuay
Presidente del Colegio de Abogados de Cuenca.
Jose Orellana Ministro de la Corte Cuperior de Cuenca.
Dra. Sival Jueza de lo Civil de Cuenca..
Ministro Fiscal del Azuay .
Los tres primeros días de la estancia en Ecuador el informante compartió la agenda de entrevistas con la IBA (International Bar Association) integrada por Emilio Cárdenas, abogado(Argentina), Antonia Saquicuray, Jueza (Perú), Diana Morales, relatora (Colombia) y Esther Major, officer (Inglaterra), conviniendo que los informes se harían por separado. Quede constancia de mi agradecimiento por la colaboración y trato recibidos.
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