El 20 de Diciembre de 2004 DENUNCIAMOS , ante el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Sobre la independencia de los magistrados y abogados, Doctor Leandro Despouy, las afectaciones a la independencia Judicial en ese país a tenor de los documentos que nos hiciera llegar el Doctor Carlos Poveda Moreno Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi (Departamento de Latacunga –República del Ecuador) , y Presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Ecuador.

Comenzaba de esa forma la acción de los magistrados adscriptos al movimiento de Jueces para la Democracia en Latinoamérica, y de Europa, para apoyar a la judicatura ecuatoriana, y consecuentemente a las fuerzas democráticas de ese país hermano.

A esta presentación sucedieron en la misma dirección, además de los pronunciamientos de las entidades de España, Italia, Perú y Argentina, los de la Comisión Andina de Juristas, y del IV Foro Mundial de Jueces de Porto Alegre (Enero de 2005), cuya declaración expresaba entre otros conceptos: “ Las entidades organizadoras y las que participan en el evento como invitadas, asimismo los disertantes que integraron los paneles de información y debate, expresan su preocupación y al mismo tiempo rechazo por todas aquellas medidas que alteren o perjudiquen el pleno ejercicio de la función jurisdiccional y se aparten de las regulaciones legales nacionales e internacionales al disponer el cese, traslado o modificación inconsulta o arbitraria de los magistrados, de las competencias asignadas por la normativa vigente”.

La visita del Relator Especial de la ONU, coincidió con la de los representantes del MEDEL (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades), Antonio Doñate Martín, y de la FAJDL (Federación de Asociaciones de Jueces para la Democracia de Latinoamérica y el Caribe), Antonia Saquicuray Sánchez. Todos los informes que produjeron, concuerdan en trazar parecido panorama político social, destacando que se ha comprometido gravemente la independencia de los jueces, y la estabilidad en los cargos que constitucionalmente desempeñan, con el efecto mas directo y preocupante, de alterar las garantías individuales, para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de la ciudadanía.

La crisis del Poder Judicial de Ecuador, de la Corte Suprema, y de los organismos relacionados, como el Consejo de la Judicatura, y los Ministerios Públicos se ha encaminado hacia un desequilibrio de todo el sistema de Poder, causado por una inicial vulneración del texto constitucional, como lo fuera la destitución del máximo Tribunal.

Se requiere recuperar con toda urgencia, el equilibrio y la vigencia plena de la Constitución, para lo cual es menester superar la anómala situación del Poder Judicial del Ecuador, restableciendo a las legítimas autoridades separadas por actos y decisiones carentes de sustento legal. Así lo declaramos en nuestro carácter de representantes de la Asociación Civil Justicia Democrática de Argentina, y de la Federación de Asociaciones de Jueces para la Democracia de Latinoamérica y el Caribe. Buenos Aires abril veinte de dos mil cinco.